La Causa General fue un proceso iniciado por el bando franquista al finalizar la Guerra Civil para perseguir penalmente los delitos cometidos en la zona republicana durante la Guerra, aunque también para delimitar las responsabilidades políticas del Gobierno del Frente Popular. Con este ánimo se pretendía tanto acumular pruebas contra los enemigos políticos como demostrar la veracidad de la propaganda franquista que acusaba a los rojos de asesinar a cientos de miles de personas en las zonas no adheridas al alzamiento del 18 de julio de 1936.
La Causa General supone la recopilación, a través de instituciones y, fundamentalmente, de testigos, de información relativa a las actuaciones que individuos y organismos de toda España llevaron a cabo durante la guerra civil. Se pretenden recoger las actividades realizadas pero también las actitudes y simpatías de cada persona respecto de una u otra tendencia política. La tarea le fue encomendada a la Fiscalía General del Estado mediante decreto de 26 de abril de 1940, que regulaba dicho procedimiento. En realidad venía a completar la tarea desarrollada por la Causa General Militar desde 1936, y cuyos resultados serían incorporados a la que se ponía en marcha a raíz del decreto. Los delitos a juzgar tenían carácter retroactivo, abarcando todo el periodo de la 2ª República, con especial énfasis a los hechos acaecidos en 1934.
Ante la complejidad que va adquiriendo la averiguación, se establece que, por Decreto de 19 de junio de 1943, se designe a un Fiscal Jefe de la Causa General que, bajo la exclusiva y directa dependencia del Ministro de Justicia, asuma las facultades que hasta ese momento tenía asignadas el Fiscal del Tribunal Supremo. Por Decreto de 25 de abril de 1958, se dispone que quede de nuevo bajo la dependencia del Fiscal del Tribunal Supremo y se le restituyan sus facultades.
El Ministerio Fiscal, bajo la dirección del Fiscal del Tribunal Supremo, asumió la tarea de recoger toda la documentación que sirviera para tal fin, formando la denominada "Causa General", hasta que el Decreto-Ley de 31 de marzo de 1969 reconoció la prescripción de las posibles responsabilidades penales por hechos acaecidos antes del 1 de abril de 1939.
Esta investigación, fue llevada a cabo en cada provincia por los fiscales delegados a tal efecto, en el caso aragones fue el fiscal instructor Luis Martín Ballesteros, fiscal de la Audiencia Territorial de Zaragoza el encargado de reunir los documentos probatorios de los hechos delictivos cometidos en las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel.
La documentación de la Causa General se clasifica en once piezas, cuyo contenido es el siguiente:
La documentación de la Causa General se encuentra en el Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca.
Documentación del Fiscal Instructor de la Causa General de Zaragoza, Huesca y Teruel