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DEPURACIÓN DE FUNCIONARIOS

Desde los primeros momentos del alzamiento militar, Franco se plantea una amplia depuración del aparato del Estado para el castigo de quienes hubieran colaborado con el bando contrario. Un decreto de la Junta de Defensa Nacional de 3 de septiembre de 1936 exigía que todos los funcionarios o empleados públicos se incorporasen a sus puestos, bajo amenaza de ser declarados cesantes. Ya en diciembre de 1936 se regula la depuración de todos los funcionarios, "sin que las resoluciones de esta clase puedan ser impugnadas ante la jurisdicción contenciosa".

A lo largo de 1937-1938 se dictaron numerosas órdenes para precisar el alcance de la depuración de los funcionarios (catedráticos, maestros, jueces y magistrados, funcionarios de ministerios, diputaciones, RENFE, Correos…) y solventar los problemas que se planteaban. Pero será poco antes de finalizar la guerra, cuando se promulgue la ley de 10 de febrero de 1939 en la que se fijaron las normas para la depuración de funcionarios públicos. La ley se extendía a la generalidad de los empleados públicos y a todas las áreas de la Administración pública para sancionar su conducta política.

Como las depuraciones habían empezado durante la guerra, esta ley tendría como finalidad asegurar que todos los funcionarios pasaban por ese tamiz político; urgir las depuraciones, para poder sustituir a los sancionados y recomponer las estructuras del nuevo estado; y controlar mejor desde el Gobierno este proceso

Una vez establecido el marco legal de la represión se puso en marcha la maquinaria depuradora, comenzando en marzo de 1939 a nombrar a los jueces instructores para cada sector funcionarial, iniciándose un proceso que se mantendría abierto hasta 1975.

Legislación:
Bibliografía:
  • Cuesta Bustillo, Josefina (coord.). La depuración de funcionarios bajo la dictadura franquista (1936-1975). Madrid: Fundación Francisco Largo Caballero, 2009