La Comisión Depuradora del Magisterio respondió al empeño del régimen franquista para desmantelar la escuela republicana. El proceso de depuración se inició al comienzo de la Guerra Civil, pero no fue legalmente establecido hasta la publicación del Decreto 66 de 8 de noviembre de 1936. A través de este decreto se justifica que el magisterio durante la República estuvo en manos inapropiadas, por lo cual era necesaria una revisión de la instrucción pública, para poder extirpar las supuestas falsas doctrinas arraigadas durante el periodo republicano.
La depuración afectó a todos los maestros, desde la enseñanza pública a la privada, incluyendo también a la religiosa, desde la primaria hasta la universidad, y también afectó a las Escuelas Normales.
El objetivo final era que nadie pudiese ejercer la docencia sin haber sido sometido previamente a un expediente de depuración, en el cual se tuvieran en cuenta actuaciones políticas, actitudes religiosas, entre otros aspectos. La totalidad de la vida de los docentes era sometida a intensos informes donde se investigan sus actuaciones públicas, profesionales, privadas. Para ello se crearon comisiones cuyas funciones serían las de recoger información de todo el personal de los distintos escalafones (cualquiera que fuera sus situación), instruir los expedientes oportunos y proponer las resoluciones que debían de caer sobre cada uno de ellos. Se crearon cuatro comisiones, según el nivel de enseñanza:
En Huesca, la Comsión Depuradora del Magisterio estuvo presidida por el director del Instituto Ramón y Cajal y tuvo por función instruir expedientes y formular propuestas de suspensión o separación del servicio de los maestros destinados en la provincia de Huesca.
El proceso de depuración de los funcionarios de la enseñanza no finalizaría hasta la publicación del decreto de indulto y extinción de responsabilidades políticas del 10 de noviembre de 1966.
Documentación de la Comisión Depuradora del Magisterio Provincial de Huesca en Dara